El argumento oficial para la reforma laboral de 2021 fue reducir la temporalidad. Aunque es evidente que cualquiera preferiría tener un contrato indefinido a uno temporal, nunca compartí esa obsesión por combatir este último tipo de contratos: somos un país en el que los parados se cuentan por millones. Lo lógico sería acabar primero con el paro y luego preocuparnos por el tipo de contrato. El orden de prioridades elegido por el gobierno es algo así como pintar el salón en lugar de arreglar una grieta en el techo.
Puesta en marcha la reforma, se descubrió el que sería el verdadero objetivo del sanchismo-leninismo: dejar de llamar “parados” a cientos de miles de personas, para pasar a clasificarlas como “fijos-discontinuos inactivos”. Lógicamente, el dato clave pasó a ser cuántos fijos discontinuos inactivos había cada mes. Pero el gobierno dijo que no podía dar esa información.
La falta de transparencia es coherente con la acción de este gobierno: son los mismos que se inventaron un “comité de expertos” mientras nos tenían recluidos en nuestras casas durante la pandemia. Además, también en este caso, mintieron: ante una pregunta parlamentaria, el gobierno reveló las cifras mensuales de fijos discontinuos inactivos para 2022. Si pudieron armar los datos para 2022, lo razonable hubiera sido continuar con su publicación regular, pero no fue el caso.
Así llegamos hasta comienzos de 2024, cuando José Luis Fernández, director del gabinete de estudios del sindicato USO, nos iluminó acerca de un oscuro informe (“Estadísticas de demandantes de empleo, puestos de trabajo y colocaciones”), que todos los meses publica el SEPE. Un informe que tiene siempre las mismas 222 páginas, cuya página 37 tiene una tabla que se titula: “Demandas de empleo pendientes según clasificación de la demanda por sexo y edad”.
Allí encontramos los parados registrados (2,76 millones en febrero), a los que se añaden 1,76 millones de “demandantes de empleo no parados”. De ellos, hay 467.200 que, efectivamente, tienen un empleo, pero buscan otro mejor. Todos los demás grupos son parados que el gobierno cuenta por separado por distintos motivos. El más importante en términos cuantitativos es el de “no parados con relación laboral” (736.000 en febrero último).
¿Quiénes son estos “no parados con relación laboral”? Nos lo dice la clasificación de la página 11 del mismo informe: son fijos discontinuos inactivos, trabajadores en ERTE, perceptores de prestaciones adscritos en trabajos de colaboración social, trabajadores eventuales agrarios subsidiados y otros.
Buscábamos el dato de fijos discontinuos inactivos, pero aprendimos que es un dato poco importante: lo que de verdad importa son todos los “no parados con relación laboral”, de los cuales los fijos discontinuos son solo una parte. Por ocultar el dato de cuántos fijos discontinuos no están trabajando, el gobierno nos llevó a descubrir que los “ocupados parados” (una denominación delirante) eran más. Nos llevó a descubrir que la adulteración de las cifras de paro era mayor de la que pensábamos.
¿Cuántos parados hay entonces en España? Daré los datos de febrero pasado, que son los últimos conocidos. Los parados registrados son, como ya mencioné, 2,76 millones, 5,2% menos que en febrero de 2023. Pero hay que sumar 354.500 parados con disponibilidad limitada (buscan un empleo específico, como teletrabajo) y 200.400 “parados no ocupados” (otra denominación disparatada; son, por ejemplo, parados que cursan FP). Aún faltan añadir las 10.700 personas en ERTE y, en especial, el enorme grupo de 736.000 “no parados con relación laboral”. Suman exactamente 4.051.400 personas, apenas 0,4% menos que un año antes.
Esos 4 millones de parados son 36.000 más que los que había en febrero de 2019 y, peor aún, son 101.200 más que los que se contaban en febrero de 2018, antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Es difícil encontrar un abismo más descarado entre el “relato” (“batimos récord de afiliación”; “somos los que más empleo creamos en Europa”) y la realidad.
Resolvimos el fraude de la estadística de parados. Ahora tenemos que prestar atención al probable fraude de la de afiliación: el 31 de marzo finaliza el plazo para registrar en la Seguridad Social a los becarios en prácticas. Se dice que se contabilizarán por separado, aunque ya podrían haberlo hecho. ¿Es el registro de esos becarios lo que está “chutando” el crecimiento de la afiliación? Pronto lo sabremos. @diebarcelo
Publicado en Expansión el 22/3/2024
