Hoy hay gente trabajando voluntariamente por un salario de € 1.100 mensuales. Los empleadores cuentan con los servicios laborales que necesitan para sacar adelante sus empresas y los asalariados reciben una remuneración que les permite llevar adelante su vida. A Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, sin embargo, ese libre acuerdo no les parece bien. Y aunque “no tienen arte ni parte”, se inmiscuyen, imponiendo un salario mínimo (SMI) de € 1.134.
El gobierno se creó para garantizar derechos. Pero esta decisión de Sánchez y Díaz ataca derechos individuales que deberían defender. Desconocen el derecho a la libre contratación de empleados y empleadores e invaden el derecho de propiedad de estos últimos: Pedro y Yolanda decidieron confiscarles, por ejemplo, unos € 650 anuales por cada asalariado que ahora cobra € 1.100 y unos € 1.040 por cada uno que está contratado actualmente por € 1.080.
El encarecimiento arbitrario de la contratación de mano de obra obstruye el derecho al trabajo de los parados con menos experiencia y formación. Si se tienen en cuenta las pagas extraordinarias, las cotizaciones sociales, el “Mecanismo de Equidad Intergeneracional” que inventó el ministro Escrivá y el hecho de que las 14 pagas son por 11 meses de trabajo anuales, tenemos que el coste salarial mínimo efectivo por mes de trabajo supera los € 1.900. Es un poderoso incentivo para reemplazar mano de obra por maquinaria, con lo que los parados, que ya tienen más difícil acceder a un empleo, tienen la amenaza de convertirse en desempleados estructurales. En nombre de la “justicia social”, claro.
Los aumentos del salario mínimo de 2018 a 2023 han sido de algún modo ilegales, pues omitieron los criterios establecidos en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para su fijación. Estos son la inflación (el SMI subió 30% más que el IPC), la productividad (la misma cayó 4% en el mismo período, el peor resultado entre los países avanzados) y la coyuntura económica general. Tampoco es verdad que la Carta Social Europea exija de manera inflexible un SMI equivalente al 60% del salario medio.
La decisión arbitraria de subir el salario mínimo tiene, incluso, un aspecto mafioso. Porque al mismo tiempo que el gobierno impone un salario mínimo de forma ajena a lo que marca la ley, con la posibilidad de castigar a quien se resista, se lucra de su propia decisión: cada 100.000 asalariados que pasen de cobrar € 1.080 a € 1.134, el gobierno recaudará no menos de € 42 millones anuales en impuestos, solo considerando las cotizaciones sociales y el IVA.
Con desprecio por los datos, se dice que las últimas subidas del SMI no redujeron la creación de empleo. Efectivamente, no afectó en los empleos con remuneraciones claramente superiores al salario mínimo. Pero si miramos el número de ocupados en tareas elementales, veremos que, desde 2018, crece solo una tercera parte que el resto de ocupados, cuando antes crecía a la par. Una actualización razonable del SMI hubiera permitido la creación de unos 163.000 empleos más. Por si aún quedan dudas, recuérdese que España tiene la mayor tasa de paro juvenil de Europa. No es algo casual.
El daño de esta decisión no se agotará en el corto plazo. Pues ratifica que España se aleja cada vez más de lo que se entiende por una economía de libre mercado, al tiempo que el análisis de cualquier proyecto de inversión se hace más incierto: en la España sanchista-leninista hay que contar con subidas de impuestos y costes arbitrarias. No es teoría ni imaginación: esto es lo que está detrás de la reciente previsión de la OCDE, según la cual, en los próximos 35 años, España no convergerá con la riqueza per cápita de EE.UU.
Aunque algo se haya hecho habitual, su naturaleza no cambia: que desde un despacho ministerial, una persona que no cree en la empresa privada (las considera explotadoras), decida caprichosamente cuál debe ser la remuneración mínima, sin tener en cuenta lo establecido en la ley, es algo más propio de un gobierno totalitario que de un “estado social y democrático de derecho”. Es una de las tantas cosas que deberán cambiar si España aspira, de verdad, a ser algún día una democracia avanzada. @diebarcelo
Publicado en Expansión el 13/1/2024
