El salario mínimo debe determinarse según lo dispuesto en dos leyes vigentes. Una, el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que se fijará, previa consulta con los agentes sociales, teniendo en cuenta la inflación, la productividad y la coyuntura económica. La otra es la Carta Social Europea, artículo 4.1, que, según la actual interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales, dice que el salario mínimo (SMI) debe equivaler al 60% del salario medio.
Dejemos de lado la probable incompatibilidad entre ambas normas y el error de fijar el mínimo como proporción de la media y no de la mediana (al subir el mínimo, automáticamente sube el promedio, por lo que haría falta un nuevo incremento; eso no ocurre con la mediana). Obviemos también la extraña aceptación española de que algo con evidentes repercusiones económicas dependa de la cambiante interpretación de un grupo de 15 personas (el Comité Europeo de Derechos Sociales) entre las cuales ahora solo hay un economista (el resto son expertos en Derechos Humanos y en legislación laboral y social).
La verdad es que el gobierno español no se ha atenido a ninguna de ambas normas; ha fijado el salario mínimo exclusivamente con criterios políticos. El exceso con relación a las citadas normas es tal, que no hay justificación alguna para un nuevo incremento del SMI, más allá de los objetivos políticos del gobierno. Objetivos cuyas negativas consecuencias sufren y seguirán sufriendo aquellos a quienes en teoría se pretende beneficiar: los trabajadores más humildes.
Entre 2018 y 2023 el SMI creció 30 puntos porcentuales más que la inflación. Al mismo tiempo, la productividad (PIB por persona ocupada) cayó casi 4% (el peor registro entre 34 países avanzados). Es una combinación que no se encuentra en ningún otro país avanzado. Solo se aproxima Grecia, aunque con una desproporción menor. Esos datos bastan para afirmar que no se atendió a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
El Comité antes mencionado no promueve la aplicación automática y mecánica de la relación del 60% entre el salario mínimo y el salario medio. Dice que hay que considerar otros elementos que hacen al bienestar del trabajador y admite que un salario mínimo que equivalga al 50% del salario medio podría bastar para cumplir el mandato de la Carta. Eso sí: el SMI debe superar “claramente” la línea de riesgo de pobreza.
El Comité reconoce que el salario mínimo para menores de 25 años puede ser menor, pues sus necesidades son inferiores, en general, que las de los mayores de esa edad. Y subraya un aspecto central: el salario mínimo no debe obstaculizar la empleabilidad.
El gobierno omite interesadamente que el Comité solo se refiere a salarios netos, es decir, una vez deducidos cotizaciones sociales y retención por IRPF. En cifras redondas, a alguien que cobra el salario mínimo se le retiene el 3%, mientras que quien percibe la remuneración media sufre una retención del 15%. Evidentemente, el 60% de 85 es menos que el 60% de 100, que sería el salario bruto.
El actual SMI de € 1.080, en términos netos, equivale al 66% del salario medio neto. Un salario mínimo de € 985 bastaría para cumplir con el mandato de la Carta Social Europea. La situación real es peor en las autonomías con salarios promedio inferiores a la media nacional. Por ejemplo, en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, el salario mínimo neto supera el 70% del salario promedio neto.
En los países de la UE que tienen salario mínimo, el mismo es, de media, un 36% mayor que la línea de riesgo de pobreza. En España, el SMI la supera en un 45%.
Entre 2013 y 2018, los ocupados en tareas elementales (colectivo que, en general, cobra el salario mínimo) crecían al mismo ritmo que el resto de ocupaciones. Desde entonces, cuando el salario mínimo se politizó, el empleo en tareas elementales aumentó 3,2%, pero en el resto de ocupaciones lo hizo 9,7%. El incremento exagerado del salario mínimo evitó que unas 163.000 personas encontraran empleo. Ellos son fundamentalmente jóvenes, motivo por el cual la tasa de paro juvenil española (28%), es la más alta de Europa y duplica la media del continente.
Pese a todo, es seguro que el gobierno volverá a aumentar el SMI. Pero no será con arreglo a la ley ni por el interés general, ni el de los parados, ni el de los trabajadores. Será apenas por conseguir una foto y un titular. @diebarcelo
Publicado en Expansión el 23-11-2023
