Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el segundo trimestre se superaron, por primera vez, los 21 millones de ocupados. A este máximo histórico se llegó tras nueve trimestres consecutivos de crecimiento interanual del empleo. La expansión del mismo viene siendo impulsada por el sector privado: en los últimos ocho trimestres se crearon 1,38 millones de puestos de trabajo, de los cuales casi el 92% fue empleo asalariado privado, un 5,6% empleo público y el resto, 2,8%, autónomos.
La apariencia satisfactoria de estos datos se desdibuja con una sola pregunta: ¿cómo es posible que, desde el segundo trimestre de 2019, el empleo haya crecido 6,3% si ahora el PIB es el mismo de entonces? En otras palabras: ahora trabajan 1,25 millones de personas más que en el segundo trimestre de 2019 para producir la misma cantidad de mercancías y servicios finales.
Cuando el empleo crece más que la producción, cae la productividad por ocupado. La productividad no es una variable cualquiera; es la más importante de todas. Es la clave detrás de la prosperidad, que ha permitido, por ejemplo, eliminar el trabajo infantil y que uno pueda jubilarse. Antes era necesario que todos trabajaran para sobrevivir; al dispararse la productividad a partir de la Revolución Industrial, las sociedades pudieron gradualmente permitirse que sus integrantes más débiles no trabajaran. No fue por ser más bondadosos o cultos: fue por ser más productivos.
El 11% de los ocupados no trabaja. Siempre hubo razones para bajas circunstanciales (enfermedades, permisos, etc.), pero hasta 2018 la proporción de ocupados que no trabajaba era del 8%. Ahora es del 11%. Así, cerca de la mitad del aumento del número de ocupados desde 2019 se explica por la necesidad de cubrir la ausencia en el trabajo de otros “ocupados”. Además, los ocupados que sí trabajan lo hacen menos horas. Ahora, casi el 70% de los ocupados trabaja al menos 30 horas a la semana, cuando en 2018 era el 72%. Estos datos explican por qué creció la cantidad de ocupados aunque la producción no lo hiciera.
El futuro nos augura dos malas noticias en materia laboral. La primera es que la disociación entre empleo y producción tenderá a profundizarse. Esto viene ocurriendo por el gradual envejecimiento de la población (cosa que tiende a incrementar el número de bajas; la edad media de los ocupados era 39,5 años en 2008 y es de 43,7 en 2023) y ciertas medidas “sociales”, como la extensión del permiso por paternidad (pasó, gradualmente, de 2 días en 2007 a 16 semanas desde 2021). A eso habrá que sumar el impacto de los tres nuevos permisos aprobados antes de las elecciones. En España se ha invertido el orden lógico: en lugar de aumentar primero la productividad para luego repartir sus frutos, aquí se reparten primero los frutos.
De lo anterior surge que la productividad general de la economía tiene un obstáculo estructural para crecer. Eso implica un incremento de costes por unidad producida que deberá compensarse de algún modo. Las alternativas para ello no son muchas: contratar menos personal, contratar por menos horas u ofrecer un salario real menor. Este es el telón de fondo sobre el cual tendrá que desenvolverse el mercado laboral.
La segunda mala noticia es que la economía ya está en fase de desaceleración. En la primera mitad de 2022, el PIB creció 6,8% interanual, para hacerlo 4,2% en la segunda mitad. En el primer semestre del año en curso, el crecimiento fue 3,1%, pero en el segundo semestre rondará el 1%. Así, el año como un todo acabará con un incremento medio del PIB de poco más del 2% (que es mejor de lo que se preveía a finales del 2022).
Si el PIB crece menos, la creación de empleo tenderá a debilitarse. El mejor escenario sería un aumento del número de ocupados ligeramente menor que el del PIB, que permitiera recuperar parte de la productividad perdida. La tasa de paro, en ese marco, difícilmente podría bajar más que alguna décima respecto de su 11,6% actual.
Para mejorar este escenario “inercial”, haría falta un cambio de política económica. Y desterrar el discurso criminalizador del empresario de los últimos años. Por ejemplo, si se presentara un plan creíble de reducción del déficit público, acompañado de, al menos, una expectativa de reducción de la presión impositiva a las empresas, podría alentarse la inversión productiva y, con ella, la creación de empleo (recordemos que, en el primer semestre, la inversión en bienes de equipo cayó 4,4% interanual; fue casi un 7% inferior a la del mismo período de 2019).
Pero no despreciemos los riesgos a la baja, que son muchos, empezando por el Banco Central Europeo, que tiene que compensar ahora con una sobreactuación su temeraria política ultraexpansiva de los últimos años. Y siguiendo con la posibilidad no remota de que el nuevo gobierno que acabe por constituirse en España profundice la empobrecedora hoja de ruta de inspiración comunista que ha venido siguiendo Pedro Sánchez, añadiendo, además, unos riesgos políticos que, poco tiempo atrás, hubiéramos descartado por imposibles. @diebarcelo
Publicado en Expansión el 5/9/2023
