El 10 de mayo pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre recursos propios que se aleja del espíritu fundacional de la Unión.
La UE surgió para evitar más guerras entre Francia y Alemania: al ceder a un ente supranacional el carbón y el acero, ninguno podría tener superioridad sobre el otro. Sobre esa base, los países miembros podrían cooperar en muchas áreas, manteniendo su individualidad y la capacidad de no hacerlo (por ejemplo, cuando Reino Unido o Suecia decidieron no adoptar el euro). Las “cuatro libertades” (libre movimiento de personas, mercancías, capitales y servicios) simbolizan el espíritu inicial.
Del rol coordinador de las instituciones europeas se pasó ahora al impulso de una agenda propia. Nunca estuvo en los planes iniciales superponer otro nivel de gobierno sobre los estados nacionales. Mucho menos imponerles una agenda.
Tradicionalmente, el presupuesto de la UE se limitó al 1% del PIB. La resolución aludida considera ese límite un “dogma” a superar. “Superar”, para gastar más. Los europeos ya financiamos un gasto público de nuestros gobiernos del 50% del PIB. La UE pretende que paguemos un mayor gasto comunitario.
Para financiar ese gasto extra, el Europarlamento propone crear varios impuestos propios y reemplazar las actuales contribuciones de los países, basadas en sus respectivos PIB, por otras que consideren cuánto se recicla en cada país, cuántos alimentos se desperdician o cuál es la “brecha salarial” entre hombres y mujeres.
Si la jerga del texto revela el intervencionismo que lo inspira (“justicia tributaria”, “justicia ambiental”, “transición verde”), lo de la “brecha salarial” no deja dudas. Tal “brecha”, simplemente, no existe; surge, fundamentalmente, de no tener en cuenta el distinto número de horas trabajadas, de media, por uno y otro sexo, ni los distintos tipos de ocupaciones desempeñadas. Si las empresas pudieran realmente reducir sus costes laborales contratando mujeres, no habría paro femenino, pero la tasa media de paro de ellas es casi un punto porcentual mayor que la masculina.
Que las intenciones son imponer una agenda queda evidenciado en el punto 24, que propone premiar o castigar a los países según el ritmo y profundidad con que implementen las políticas comunitarias. Eso anula la idea de “cooperación entre países” y puede resultar antidemocrático. Si, por caso, dos países tuvieran gobiernos conservadores y el resto socialistas, la mayoría del Europarlamento sería socialista. Los mecanismos que impulsa esta resolución forzarían a los gobiernos conservadores a llevar adelante una agenda contraria a la votada por sus propios ciudadanos.
Si las propuestas de esta resolución liberticida se concretaran, surgirían por doquier quienes calculen cuánto podría “ahorrarse” de abandonarse la UE. El mismo argumentario del Brexit, pero potenciado. De esta resolución surge “menos” Europa y no “más”.
Sorprende la coalición que la votó favorablemente: el Partido Popular Europeo (donde está el PP), los socialdemócratas (PSOE), los verdes y el grupo Renew Europe (Ciudadanos y el PNV).
La pulsión centralizadora que se apoderó de la UE genera desafección y amenaza un proyecto que aún puede hacer mucho por la libertad de los europeos. @diebarcelo
Publicado en ABC el 18-6-2023
