Como si fuera algo normal, junto con el inicio de 2023 comenzaron a regir ocho aumentos impositivos: 1) Mecanismo de Equidad Intergeneracional; 2) cotización de autónomos por tramos; 3) impuesto a la riqueza; 4) IRPF (rentas del capital); 5) impuesto a la banca; 6) tributo a las eléctricas; 7) Sociedades (mínimo de 15% a multinacionales) y 8) plásticos de un solo uso. La verdad es que no es algo normal ni aceptable.
Vivimos una situación en la que el gobierno se siente legitimado para disponer de las rentas y patrimonios privados como si no hubiera propiedad privada, sino apenas un derecho de usufructo. Más claramente: el gobierno, en la práctica, actúa como si todo le perteneciera, decidiendo en cada momento cuánto nos deja y cuánto nos quita. La verdad es exactamente la opuesta: la sociedad es la dueña de todo y, a través de sus representantes, decide qué parte cede al gobierno para que financie sus actividades.
Si el gobierno hubiese enmarcado los incrementos de impuestos dentro de un plan de reducción del déficit fiscal y la deuda pública, tampoco sería agradable, pero tendría algún sentido. Sin embargo, no existe tal plan ni se ha justificado la mayor presión fiscal (es decir, la mayor confiscación de rentas y patrimonios privados) en razones de gestión.
Cada año de gobierno de Pedro Sánchez ha terminado con una mayor presión tributaria que el año anterior. El 2022 registró la mayor presión tributaria de la historia de España, superior al 44% del PIB. Jamás un gobierno ha arrebatado al sector privado tantos recursos como el actual Ejecutivo.
En 2020, el gasto público, como proporción del PIB, se disparó en toda Europa. El incremento medio de la UE-27 fue de 6,2 puntos porcentuales. En España, el aumento fue de 9,6 p.p. (en parte por el mayor hundimiento del PIB). Pese a ser el cuarto país con mayor deuda pública de la UE, el gobierno no tuvo prisa por normalizar su gasto en 2021: mientras en once países el mismo se redujo en más de 2 puntos como proporción del PIB (entre ellos, Francia, Bélgica, Irlanda, Suecia, Grecia y Polonia), la reducción española fue de 1,3 puntos (totalmente explicada por la recuperación del PIB, pues el gasto en euros siguió creciendo).
El actual gobierno no tiene vocación por administrar. Por eso no es capaz de cuadrar las cuentas pese a contar con crecientes recursos y a la “espada de Damocles” de la deuda pública: 2022 fue el decimoquinto año consecutivo en que el gobierno pagó los intereses de la deuda pública con más deuda pública. Una conducta financiera así llevaría a una familia a la ruina y a una empresa a la quiebra. ¿Hay alguna duda de que en el caso del gobierno también es una forma de actuar que tendrá un final infeliz?
Hay otro dato escalofriante: en promedio, durante cada uno de los 51 meses en que Pedro Sánchez fue presidente del gobierno hasta septiembre último, la deuda pública creció en € 5.900 millones. Es un ritmo mayor que el de Zapatero (€ 5.030 millones) y Rajoy (€ 3.960 millones).
Nuestra democracia está subvertida. Un gobierno solo tiene sentido si protege los derechos individuales; para eso fueron creados. Pero el gobierno español agrede el derecho de propiedad, que es el más fundamental de los derechos humanos (pues comienza con la propiedad sobre el propio cuerpo y el fruto de nuestro trabajo). Una circunstancial mayoría parlamentaria impone su criterio sobre muchas minorías indefensas (propietarios de pisos de alquiler, autónomos, pequeños empresarios, etc.), decidiendo quiénes ganan (pensionistas, funcionarios y subvencionados) y quiénes pierden (los que trabajan en el sector privado). El interés general ha dejado de ser un concepto relevante para la acción de gobierno.
Lejos de promover una sociedad “más justa”, unas cuentas públicas más saneadas y una economía con mayor capacidad de creación de empleo, los aumentos de impuestos de enero tienden en la dirección contraria. Domicio Ulpiano definió la Justicia como “dar a cada uno lo suyo”. En la España de hoy sobrellevamos la situación opuesta: el gobierno quita a unos lo suyo para dar a otros lo que considere oportuno. No es justo ni tampoco, tal como comprobaremos tarde o temprano, sostenible. @diebarcelo
Publicado en Expansión el 13/1/2023
