Por Diego Barceló Larran, director de Barceló & asociados (@diebarcelo)
El primer error a evitar al analizar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, es considerarlo como algo que tenga que ver con la gestión de la cosa pública. No: este proyecto es un instrumento de propaganda política.
Como todo instrumento de propaganda, está lleno de eslóganes (“justicia social”, “crecimiento inclusivo”, “responsabilidad fiscal”), se ajusten o no a la realidad. Y señala con claridad los 14 millones de personas (pensionistas, empleados públicos, jóvenes) que el gobierno ha decidido cortejar para intentar que Pedro Sánchez pueda mantenerse en el poder.
Los supuestos macroeconómicos son, como poco, discutibles. En especial, parecen exageradas las previsiones de crecimiento de la inversión (+9%), exportaciones (+7,3%) e importaciones (+8,2%). De ello surge un aumento del PIB también exagerado (+2,1%). Mi previsión es que ojalá llegue a 1%.
Pero lo grave no es eso. Lo grave es que, frente a la rápida subida de los tipos de interés, la alta inflación y la probabilidad de falta de energía en Europa, el gobierno use los PGE para hacer una apuesta política en lugar de para preparar la economía para tiempos peores. Lo grave es que, ni aun con los ingresos extraordinarios provocados por la inflación, el gobierno esté dispuesto a rebajar el déficit fiscal por debajo de los € 55.000 millones. Lo grave es que los PGE que se aprueben serán peores que este mal proyecto, porque este no incluye los pagos que habrá que hacer a partidos separatistas y disolventes para que lo apoyen.
Una política “social” de éxito debería ser aquella que hiciera que cada vez menos gente tuviera que depender de un subsidio. Los políticos, en cambio, quieren convencernos de que el éxito radica en que el número de dependientes sea cada vez mayor.
La Casa Real sigue con su partida congelada en € 8 millones desde 2013. Un insulto de este gobierno comunista que no sorprende.
El gasto público se financia con los impuestos que paga el sector privado (aunque los empleados públicos pagan impuestos, el 100% de sus ingresos proviene de los tributos pagados por el sector privado). Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, los ingresos totales de las AA.PP. equivalían a € 29.200 por cada ocupado del sector privado. Esa carga aumentaría hasta € 35.000 en 2023. Así, cada ocupado privado pagará en 2023 € 5.800 más que cuando Sánchez comenzó a gobernar. No abonan solo los “ricos”: un mileurista, suponiendo que gasta el 90% de sus ingresos netos, paga € 6.000 anuales de impuestos, solo considerando las cotizaciones sociales y el IVA.
Los socialistas de todos los partidos siempre dijeron que el déficit fiscal crónico se explica por una “insuficiencia de ingresos”. Totalmente falso. Aunque los ingresos públicos crecerían 26% entre 2018 y 2023, el déficit fiscal sería cerca del doble que entonces. ¿El motivo? Que el gasto público se habrá disparado un 47%. Nunca el dinero es suficiente para demagogos manirrotos.
La indefensión de los ciudadanos frente a gestores públicos temerarios es evidente. Creímos que la UE evitaría esos desbordes, por aquello del Tratado de Maastricht. Nos engañaron: las reglas fiscales europeas no evitaron que Zapatero llevara el déficit fiscal hasta el 11,5% ni son un freno para Pedro Sánchez (están suspendidas desde 2020 y solo volverían a ser exigibles en 2024). Se cambió el artículo 135 de la Constitución para introducir el concepto de “estabilidad presupuestaria”; este proyecto de PGE muestra que ese principio es papel mojado.
Como mínimo, habría que pensar en presupuestos plurianuales (para que el “mercado persa” de la negociación presupuestaria ocurriera menos veces), normas para evitar que se gasten los ingresos públicos extra y penas de inhabilitación para ocupar cargo público a quienes las incumplan.
La deuda pública, ahora de € 1,5 billones, nos recuerda que vivimos en una cornisa. Los € 74.700 que debía, de media, cada ocupado del sector privado en 2018, serán € 90.600 en 2023. Para la inmensa mayoría, su cuota parte de la deuda pública es mayor que su propia hipoteca. Un despropósito al que se ha llegado en nombre del “progreso” y la “equidad”. Sánchez prometió que “saldríamos más fuertes”. A esta altura, con “salir”, ya nos podemos dar con un canto en los dientes.
