El IPC español es más volátil que el de otros países de la UE. En la década pasada, osciló en un rango de 5 puntos porcentuales (entre -1,5% y +3,5%); mientras, ese rango fue de poco más de 3 p.p. en Alemania y Francia. Eso se agudizó en los últimos meses: nuestro IPC (+8,7% en mayo), no solo sube más que en Francia, Italia, Holanda, Portugal, etc., sino que su cambio (desde -0,9% hace dos años) es también más marcado.
Hay tres razones principales que lo explican: 1) cómo se incorpora al IPC el precio de la electricidad (solo se incluye la tarifa regulada -la que cambia cada hora- y no incluye los contratos libres, que tienen tarifas estables); 2) el mayor peso del IVA en España dentro los impuestos que gravan los combustibles; y 3) el mayor peso en el IPC español de artículos con precios más volátiles.
La volatilidad del IPC es un problema grave: genera conflictividad social por la pérdida de poder adquisitivo, complica las negociaciones de convenios colectivos, dificulta la gestión de las finanzas públicas (recaudación volátil y presiones de gasto), entorpece el cálculo de costes e inversiones.
La clásica “solución” socialista, de intervenir los precios, es contraproducente: distorsiona el rol clave que tienen los mismos en la economía (transmitir información sobre la escasez relativa de los bienes). Si esa información se distorsiona, los recursos se asignan mal (se desperdician) y se alcanza un bienestar inferior al que se podría lograr. Confiscar parte de los beneficios a las empresas (en este caso, petroleras), daña la seguridad jurídica, ataca el derecho de propiedad y desalienta la inversión.
Sin embargo, es posible estabilizar el precio de los combustibles con un mecanismo transparente, simple, previsible y objetivo, que minimice la interferencia sobre los precios de mercado y respete los derechos de productores y consumidores. La idea es sencilla: que el precio de venta sea la media, por ejemplo, de los últimos 36 meses. La diferencia entre el precio de mercado y esa media se compensa con aumentos o reducciones de los impuestos sobre los combustibles.
Un ejemplo. El precio con impuestos de la gasolina 95 en gasolineras fue, de media, en mayo, de € 1,904. La media de los últimos 36 meses de ese mismo precio fue € 1,346. La diferencia entre ambos es de € 0,558. Este último es el importe en que tendrían que reducirse los impuestos (IVA y especiales), de forma tal que el precio de venta real fuera € 1,346. Al final de cada mes se repetiría el proceso: se calcularían la media móvil de 36 meses y la diferencia con el precio de mercado, para establecer el valor de los impuestos.
En las simulaciones que hice desde 2005, el sistema es prácticamente equilibrado en términos fiscales (no genera déficits ni superávits permanentes). Esto es así porque la propuesta tiene una “cara B”: si el precio de la gasolina se desplomara y cayera por debajo de la media de 36 meses, los impuestos subirían.
Evidentemente, se podría hacer con cualquier otra media móvil (cuanto más corta, menos estable sería el precio). Se podría limitar el sistema a los combustibles de automoción o no. La clave es que el gobierno acepte que los impuestos sobre los carburantes dejarían de tener una finalidad principalmente recaudatoria, para pasar a tener como objetivo la estabilización del precio de venta.
Las ventajas serían enormes. En el período 2008-2021, la gasolina 95 tuvo un incremento interanual máximo de 31% (noviembre 2021) y una caída máxima de 20,5% (mayo 2020); la media móvil de 36 meses, en cambio, osciló entre un aumento máximo de 3,5% y un descenso de 1,7%. En mayo último, en lugar de haber sufrido un incremento interanual de 41,5%, la gasolina 95 habría subido apenas 6,7%.
Esto resolvería todos los problemas derivados de la volatilidad del precio de los carburantes (lo que se potenciará cuando el INE pueda reflejar correctamente los precios eléctricos). El precio de venta seguiría siendo libre; sus subidas o bajadas solo se espaciarían en el tiempo. El respeto a los derechos de todos sería total.
Resta, empero, un único inconveniente. Para poner en marcha algo así hace falta voluntad política. ¿La habrá? @diebarcelo
Publicado en Expansión el 17-6-2022
