Se viene criticando al gobierno por la recaudación tributaria adicional que va a recibir por la creciente inflación. Es cierto. En el IVA, donde este impacto será más evidente, el gobierno recaudaría a lo largo de 2022 unos 6.500 millones de euros más de los que habría recaudado de mantenerse el IPC al nivel del año pasado. Además, mientas no se ajusten por la inflación los mínimos exentos y tramos del IRPF, también podría haber una recaudación extra cuando los salarios aumenten (de todos modos, la relación entre recaudación de IRPF y salarios no es tan lineal como se cree, ya que hay otros factores en juego). Si los salarios aumentan, también crecerán los ingresos estatales por cotizaciones sociales.
Sin embargo, la realidad de la inmensa mayoría de autónomos y empresas es la de un incremento de costes que no pueden trasladar plenamente a los precios de venta. Lo que predomina es una reducción de los márgenes. De ahí que el impacto de la inflación, al menos en una primera etapa, sobre la recaudación del IRPF de los autónomos y del Impuesto sobre Sociedades, será negativo. Tampoco crece por la inflación la recaudación de los impuestos especiales, la mayoría de los cuales está definido como una cantidad de euros a pagar por cierto volumen de producción (alcohol, tabaco, etc.).
A lo anterior hay que sumar el impacto negativo sobre la recaudación de las suspensiones temporales que, a regañadientes, ha hecho el gobierno: rebaja a 10% del IVA sobre la electricidad, reducción a 0,5% del impuesto especial sobre la misma, suspensión del tributo del 7% sobre la producción eléctrica y la nueva rebaja de 15 céntimos sobre cada litro de combustible.
Si lo dicho hasta aquí basta para que no se exagere el beneficio que el gobierno pudiera obtener de la inflación, el panorama cambia por completo si tenemos en cuenta el lado del gasto. La frívola demagogia del presidente Sánchez lo llevó a reintroducir el ajuste de las pensiones según el IPC, algo por completo irresponsable en un país con una deuda pública que duplica el límite del Pacto de Estabilidad europeo. La mayor inflación también se traducirá en nuevos aumentos a los empleados públicos, porque el gobierno no perderá esa oportunidad para fortalecer su base electoral a costa del bolsillo del contribuyente.
La situación es aún peor, porque el ala comunista del gobierno siempre está dispuesta a complicarlo todo un poco más. De ahí, por ejemplo, el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la confiscación a las empresas petroleras y la intervención de los contratos privados de alquiler. Después de todo, Yolanda Díaz e Irene Montero no hacen más que seguir al pie de la letra la recomendación básica del Manifiesto Comunista: “incursiones despóticas sobre el derecho de propiedad”.
La crítica al gobierno, entonces, no debe basarse en el lucro recaudatorio por la inflación, que no es tal cuando tenemos en cuenta todos los elementos. La crítica fundamental debe ser la irresponsable acumulación de déficits fiscales. La pandemia fue igual para todo el mundo, pero entre 2019 y 2021, España acumuló un desequilibrio fiscal equivalente a 22,5% del PIB, más del doble que Portugal, Alemania, los países nórdicos y otros cinco países de la UE. Sobre esa base de unas cuentas públicas en situación de quiebra es que las nuevas medidas incrementan el déficit.
Si los responsables económicos del gobierno no actuaran con la temeridad irresponsable que los caracteriza, junto con el anuncio de los 6.000 millones de euros que costarán las decisiones recién adoptadas, se deberían haber enumerado los gastos a recortar para, como mínimo, compensar su impacto en las cuentas públicas. Por ejemplo, suprimir los 21.000 millones de los planes de igualdad y los cientos de millones de los cheques a jóvenes para cultura y alquileres.
Cuando una familia ingresa menos de lo esperado, deja de ir a comer fuera o suspende sus vacaciones. Lo mismo debería hacer el gobierno, porque lo peor que se puede hacer con la realidad económica es ignorarla. Todo apunta a que, esa realidad ignorada, volverá a hacerse presente en La Moncloa a través de llamados de teléfono desde Berlín, París y Washington. Lo mismo que le pasó a ZP. @diebarcelo
Publicado en Expansión el 31/3/2022
