Imaginemos un país en que hubiera un tipo único de IRPF del 100%. Es decir, todos los ingresos deberían entregarse al gobierno que, luego, daría a la gente los servicios y bienes necesarios para vivir. La gente no podría decidir qué hacer con su dinero (gastar, ahorrar), ni tampoco elegir qué consumir. Todo sería decidido por los “expertos” del gobierno. Es evidente que esa situación se asemejaría mucho a la esclavitud.
Ahora imaginemos lo contrario: que no existiera el IRPF ni ningún otro impuesto. Todos los ingresos pertenecerían a sus dueños, que podrían disponer libremente de lo suyo. El único límite para acceder a mercancías o servicios sería el ingreso que cada uno fuera capaz de generar. La gente tendría libertad plena para ahorrar, gastar e, incluso, para ayudar a los menos favorecidos de la sociedad.
Un comité de “expertos”, con una visión sesgada de la cosa pública y del rol del gobierno y los impuestos, acaba de entregar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un “Libro Blanco” para “modernizar el sistema tributario”. El mismo es la justificación académica que quería el gobierno para hacer lo que más le gusta: subir los impuestos. El texto propone desde eliminar la posibilidad de bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio (para obligar a los madrileños a pagar ese tributo, ya casi abolido en Europa) hasta gravar los billetes de avión.
Se pueden poner las excusas que se quieran: proteger el medio ambiente, financiar los servicios públicos, reducir el déficit fiscal, tender a la “justicia social” o cualquier otra. Pero si tenemos en cuenta los ejemplos con que empecé el artículo, no puede haber dudas de que este “Libro Blanco” es un paso en dirección hacia la esclavitud. Porque si la gente tiene que entregar una mayor proporción del fruto de su trabajo al gobierno, es menos libre, por más vueltas que se le quiera dar al asunto.
Desde los minarquistas hasta los socialdemócratas están de acuerdo en que el estado debe prestar una serie de servicios fundamentales (defensa, seguridad, justicia, etc.). Por lo tanto, hay un acuerdo tácito en que es necesario que existan algunos impuestos. Si entendemos que la naturaleza de los impuestos es más parecida a la de un robo que a la de una cuota o donación (se pagan bajo amenaza de multa y prisión; no es posible darse de baja del estado), es claro que deben ser los mínimos imprescindibles. Todo lo que exceda ese mínimo es violatorio del derecho de propiedad.
No hay ninguna necesidad de subir los impuestos. Vivimos en un país con 23 ministerios nacionales, 8.100 ayuntamientos (cuando bastarían 2.000 o menos), 17 parlamentos autonómicos, 38 diputaciones para suplir la falta de escala de aquellos ayuntamientos, televisiones públicas deficitarias, rescates a ignotas empresas “estratégicas” (Plus Ultra) y así podríamos escribir varios folios con ejemplos de gasto público improductivo. Además, tenemos el derroche propio de lo público: como el gobierno es gente que gasta dinero de otros en beneficio de terceros, no tiene ningún incentivo para economizar. Entonces, aún en los servicios públicos que consideremos básicos, hay derroche.
Más allá de que los impuestos progresivos dañan al conjunto de la sociedad (basta recordar que eran una de las propuestas del Manifiesto Comunista para acabar con el capitalismo), es falso que el sistema tributario español carezca de progresividad: hoy, el 4,35% de los contribuyentes (los 913.000 que declaran rendimientos de más de € 60.000 anuales) paga el 39,3% de lo que se recauda por IRPF. El 0,06% que más gana (las 11.907 personas con rendimientos de más de € 601.000) contribuye con el 7,8% del total. ¿Hasta qué punto pretenden llegar? ¿O anhelan la expropiación, lisa y llana?
El tema de los impuestos no va de finanzas; va de libertad. La idea de querer gravar los billetes de avión es ilustrativa al respecto: sería un impuesto para dificultar los viajes. Lo que consiguió el ingenio privado con el invento del “low-cost” puede ser malogrado por burócratas “eco-friendly”.
Provoca escalofríos pensar la cantidad de alumnos que recibe ideas contrarias a la libertad por parte de estos “expertos”, en su mayoría catedráticos. Que este texto sea una de las “reformas” comprometidas con Bruselas es tragicómico. @diebarcelo
Publicado en Expansión el 5-3-2022