Se habla habitualmente del “roto” que significan las televisiones autonómicas para las finanzas públicas. Sin embargo, pocas veces se difunde la dimensión del quebranto. La historia del valenciano Canal Nou, cerrado en 2013 tras acumular una deuda de 1.200 millones de euros, es un ejemplo de la magnitud que puede alcanzar este problema. También es un ejemplo inútil: el gobierno valenciano está trabajando en la apertura de una nueva TV.
El caso de la Radio y Televisión del Principado de Asturias (RTPA) es ilustrativo por dos motivos. En primer lugar, porque es una muestra más de lo costoso de estos entes. Además, porque ilustra cómo una persona que realiza un papel útil en la política nacional como director del PSOE, el señor Javier Fernández, es al mismo tiempo un gestor ruinoso como presidente del Principado.
¿Se imagina el lector una empresa cuyas ventas apenas cubran un 25% de sus gastos en personal? Es algo difícil, pues en un caso así la empresa quebraría. Sin embargo, esa es la situación de la RTPA. Si fuera una empresa privada, podríamos comentarlo como una excentricidad. El problema es que el accionista único de la RTPA es el Principado de Asturias.
Según el último balance publicado (ver en el enlace abreviado http://bit.ly/2ir5GBI), durante 2015 la RTPA tuvo una cifra de negocios de 1,3 millones de euros, pero 6 millones se gastaron en personal. El resultado final del ejercicio fue negativo en 19,5 millones de euros.
Podrá pensar el lector que tal vez fue un “bache”. Lamentablemente, no. En la página 9 del documento se lee que en 2014 el resultado fue negativo en 19,8 millones de euros mientras que en 2013 había sido deficitario en 17,9 millones. Pese a la recuperación de la economía desde 2014, los gestores de la RTPA han empeorado los resultados. La RTPA se ha acostumbrado a vivir con un desequilibrio de casi 20 millones de euros anuales (unos 380.000 euros por cada semana del año).
¿Cómo es posible que esa “empresa” siga en pie? Porque el Principado (es decir, los contribuyentes asturianos) cubre el agujero. Desde que el señor Fernández es la máxima autoridad asturiana, se han “enterrado”, incluyendo el previsible déficit de 2016, unos 80 millones de euros para mantener la RTPA. Y piensan enterrar aún más: el auditor informa que según los administradores “el accionista único aportará la financiación necesaria”.
Téngase en cuenta que esos 80 millones de euros se han pagado al mismo tiempo que el gobierno asturiano decía hacer todos los esfuerzos para reducir el déficit fiscal y que era “imposible” suprimir el injusto Impuesto sobre Sucesiones.
¿Cómo solucionar el problema de las TV autonómicas? La privatización es imposible: ninguna empresa privada estará dispuesta a comprar; es más fácil comenzar desde cero. El cierre implicaría desaprovechar el capital físico y humano que se ha acumulado (además, el temor a tener que pagar un “coste político” hace difícil encontrar a alguien dispuesto a ordenar el cierre).
Una alternativa sería convertir las TV autonómicas en Fundaciones sin fines de lucro. Los respectivos gobiernos autonómicos podrían hacer una “donación” decreciente y explícitamente limitada, hasta que la misma fuese una parte menor de sus ingresos totales. Eso daría tiempo a que las TV autonómicas se adapten a la realidad y salgan a buscar sus ingresos al mercado, como hace cualquier familia o empresa. Las que no fuesen capaces de obtener esos ingresos acabarían cerrando, como cualquier otra entidad privada: no hay ningún motivo para que las TV autonómicas disfruten de una garantía de continuidad a costa de los contribuyentes.
Todos nos comportamos según los incentivos que recibimos. Si acostumbramos a una empresa a vivir con alguien que cubra sus agujeros, es evidente que el agujero tenderá a crecer. Si, en cambio, le exigimos que viva dentro de sus posibilidades, seguro que lo hará. Las TV autonómicas no tienen por qué ser una excepción.
Publicado en Libertad Digital/Libre Mercado el 25-2-2017