Pocos días atrás, el Ministerio de Empleo informó que se habían dispuesto 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS) para pagar las pensiones. Muchos criticaron esa decisión. Esas críticas sugieren que gran parte de la dirigencia política aún no comprende la delicada situación de nuestro sistema de pensiones.
El FRSS se creó en 2000 (gobierno de Aznar), cuando el sistema estaba en superávit. Hasta 2008 se realizaron aportaciones crecientes al mismo. Incluso, hubo una última aportación en 2010. Gracias a esas aportaciones y a los rendimientos obtenidos, el FRSS alcanzó un máximo de casi 67.000 millones de euros en 2011. La Seguridad Social está en déficit desde 2010. Desde 2012 se viene utilizando dinero del FRSS para pagar las pensiones, por lo que se ha reducido a unos 27.000 millones de euros.
Si no se recurriera a los recursos acumulados en el FRSS, ¿qué alternativas habría para pagar las pensiones? Solo dos: aumentar los impuestos o la deuda pública. En Grecia se puso en práctica una tercera alternativa, aún peor: recortar las pensiones. Dadas esas opciones, es claro que utilizar el dinero ahorrado en el FRSS es la alternativa preferible. Si los ahorros no se utilizan en épocas de necesidad, ¿entonces cuándo?
La caída del empleo durante la crisis redujo la recaudación de cotizaciones sociales. Entre 2008 y 2013, la misma cayó un 10%, que equivale a la pérdida de unos 14.000 millones de euros anuales. En los últimos dos años pasó lo contrario: la creación de empleo permitió que aquella volviera a crecer. Por ahora se ha recuperado un 30% de la recaudación perdida durante la crisis. Aún quedan por recuperar unos 10.000 millones de euros, cifra parecida al déficit de la Seguridad Social. Es decir que si se recuperara el nivel de empleo de 2008 (20,5 millones de ocupados), la Seguridad Social estaría cerca del equilibrio.
Sin embargo, el sistema de pensiones tiene una debilidad de base: el envejecimiento de la población hace que haya cada vez más pensionistas. Además, la pensión media es cada vez más alta (los nuevos jubilados cobran, en promedio, más que los jubilados anteriormente). Los gobiernos de Zapatero y de Rajoy tomaron medidas para enfrentar las consecuencias de ese reto demográfico. La edad de jubilación se elevó a 67 años, el período de cálculo de la pensión pasó de 15 a 25 años, se cambió su fórmula de actualización (para vincularla a la evolución de los recursos del sistema) y se introdujo un “factor de sostenibilidad” (para ajustar la pensión en función de la esperanza de vida).
Esas medidas son útiles y la creación de empleo ayuda, pero ninguna resuelve el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Un sistema que se ha hecho insostenible en el medio plazo por una cuestión demográfica.
¿Cómo resolver ese problema? Hay, en esencia, dos maneras. La primera conduce a una sociedad más pobre. Consiste en aumentar los impuestos para pagar las pensiones y/o en nuevas reformas que, de una u otra forma, reduzcan su valor. La segunda es compatible con la prosperidad general. Se trata de hacer un sistema de pensiones inmune a los cambios demográficos, convirtiéndolo en un régimen de capitalización. En estos esquemas, cada uno cobra una pensión proporcional a lo que ha ahorrado, cosa que no es incompatible con fórmulas de “solidaridad” (por ejemplo, para quienes hayan estado en paro mucho tiempo).
Limitar la discusión sobre el sistema de pensiones a la utilización del FRSS es tan torpe como discutir la decoración del dormitorio mientras se nos incendia el salón. Ojalá los dirigentes políticos tomen conciencia de ello antes de que nos alcancen las llamas.
Publicado en la edición papel de El Comercio el 9-7-2016
