A mí me encantaría que se redujera el IVA “cultural”. Y que también se redujeran el IVA “automotriz”, el IVA “textil”, el IVA “informático” y todos los IVA, para que volviesen al nivel que tuvieron hasta junio de 2010 (cuando el tipo general era 16% y el reducido se situaba en el 7%).
Estoy de acuerdo con una rebaja general del IVA, pero no con una reducción “selectiva” que aumente el número de arbitrariedades de nuestro sistema tributario. La gente vinculada con la actividad “cultural” tiene argumentos para respaldar su reclamo de una reducción del IVA que grava sus servicios. Pero también los tienen los miembros de los demás sectores. Reducir únicamente el IVA “cultural” (o el de cualquier otro sector) sería injusto y provocaría el inmediato pedido de todos los demás sectores a recibir un trato similar. Como mínimo, el de aquellos que con la última reforma pasaron del tipo reducido al tipo general (peluquerías, TV digital, funerarias, flores y plantas, etc.).
El diseño del IVA en nuestro país está lejos de ser razonable. ¿Por qué el pan común, los huevos o las prótesis para minusválidos pagan 4% de IVA pero los cursos de inglés, los cursos de postgrado y la atención odontológica están exentos? ¿Por qué los billetes de Lotería y las apuestas en la Quiniela están exentos pero la leche paga el 4%, los servicios de hostelería pagan el 10% y los cosméticos el 21%? Una reforma integral del IVA, que añada dosis de racionalidad a su configuración actual y permita aprovechar la capacidad potencial de ese impuesto para combatir la evasión, es algo que nuestro país se debe.
Ningún sector es responsable de que el IVA esté configurado de un modo que difícilmente se elegiría si ese impuesto tuviera que ser implantado desde cero. Sin embargo, parece razonable que cada sector que demande un cambio tuviera en cuenta el resultado final que tendría la puesta en práctica de su reclamo.
España está en un proceso de reducción de su déficit fiscal. El déficit del conjunto de Administraciones Públicas, que en 2014 fue de cerca de 59.000 millones de euros, deberá reducirse este año a alrededor de 47.000 millones. Un desequilibrio que engrosará, aún más, la deuda pública que ya supera el billón de euros.
En ese contexto de reducción del desequilibrio fiscal, que un sector pida una reducción de su IVA implica exigir que el resto de la sociedad aumente su esfuerzo tributario. ¿Por qué razón la sociedad debería consentir que el sector “cultural” contribuyera menos a la reducción del déficit público? ¿Tiene alguna idea ese sector acerca de quiénes y de qué modo deberían compensar los ingresos tributarios que ellos dejarían de aportar?
El sector “cultural” se beneficia de diversos subsidios y programas de gasto público. Si se redujera el IVA “cultural” y se mantuvieran esas ayudas, ese sector no solo dejaría de contribuir a la reducción del déficit público sino que lo estaría incrementando. ¿Estaría dispuesto el sector “cultural” a recibir menos ayudas si se rebajara su IVA? ¿O apoya implícitamente el recorte de otros gastos? ¿De cuáles? Dado el contexto de estrechez en que se mueven las finanzas públicas, reclamar una reducción de impuestos sin proponer al mismo tiempo una reducción compensatoria de gastos muestra, en el mejor de los casos, una incomprensión de las circunstancias económicas. En el peor, sería un ejercicio de demagogia.
Entiéndase bien: una reducción generalizada del IVA debería ser bienvenida. El problema surge cuando se reclama una rebaja para un único sector, por el agravio comparativo hacia los demás sectores. El inconveniente es mayor cuando el déficit fiscal es aún enorme. Rebajar impuestos sin recortar gastos conduce a un aumento de la deuda pública que tampoco interesa a los ciudadanos. Por eso, todos los que deseen una menor carga tributaria, para ser coherentes, deberían comenzar sugiriendo qué gastos se deberían suprimir.
Publicado por Diego Barceló Larran en Invertia el 26-02-2015
