Si bien la economía ya ha comenzado a crear empleo, las previsiones indican que la tasa de paro será superior al 20% al menos hasta finales de 2016. El Gobierno viene intentando acelerar la reducción del desempleo con medidas tales como la “tarifa plana” (rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social a 100 euros por mes) o las que atañen al Empleo Juvenil (que también incluyen rebajas en las cotizaciones sociales).
Esas reducciones de los costes laborales, aunque bienvenidas, adolecen de algunos problemas. Por ejemplo, i) son temporales; ii) no favorecen a los colectivos más golpeados por el paro (la tarifa plana de 100 euros es más conveniente cuanto mayor el salario, cuando más de la mitad de los parados –3 millones de personas– no ha completado la educación secundaria); y iii) su gestión es costosa para el Estado (control del cumplimiento de requisitos, plazos, diferencias según jornada laboral, etc.).
¿Cómo podrían solucionarse esos problemas y conseguir un impacto mayor en términos de empleo? Una posibilidad es una rebaja permanente y compensada de las cotizaciones sociales. Más específicamente, se podrían crear dos tramos de cotización, de modo que se reduzca el tipo al cual cotizan los empleadores por los salarios más bajos. Para que esa rebaja no incremente el déficit fiscal, deberían reorientarse recursos ya disponibles así como utilizar una parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Un ejemplo aclarará la cuestión.
Hemos analizado el caso de que por los primeros 500 euros de salario los empleadores coticen un 20% en lugar del actual 29,9%. Esa reducción sería permanente y beneficiaría tanto a los nuevos asalariados como a los que ya estén empleados, de todas las actividades y sin distinguir según el tipo de contrato (fijo o temporal), de jornada (completa o parcial) o el tamaño de la empresa.
Al revés que la vigente “tarifa plana”, el incentivo a la contratación sería mayor para los salarios más bajos. Al tratarse de una rebaja general, los costes de gestión serían mínimos. El carácter permanente induciría un mayor nivel de empleo para cualquier nivel de actividad. Si bien el impacto en cada empresa en particular dependería de varios factores, para el conjunto de la economía implicaría un descenso de los costes laborales y una mayor competitividad.
Utilizando los datos medios de 2013, aplicar esta rebaja de las cotizaciones sociales solo al sector privado supondría una pérdida de recaudación de unos 7.400 millones de euros anuales. De esa menor recaudación, la mitad podría compensarse, por ejemplo, eliminando todas las actuales bonificaciones a la contratación (1.500 millones de euros, según el proyecto de Presupuestos Generales para 2015), suprimiendo las deducciones vinculadas con la formación de ocupados (940 millones de euros), reduciendo la magnitud del Fondo de Contingencia (500 millones) y disminuyendo diversos programas de ayudas a empresas (ya que todas ellas se beneficiarían por las menores cotizaciones, lo que permitiría compensar al menos otros 700 millones de euros).
Al mismo tiempo, la mayor contratación inducida por los menores costes laborales también permitiría recuperar los ingresos de la Seguridad Social (a razón, aproximadamente, de 1.000 millones de euros anuales por cada 160.000 nuevos empleos). También podría elevarse el límite máximo de cotización (ahora de 3.597,70 euros).
El resto hasta compensar totalmente la pérdida de recaudación, debería provenir de la utilización de recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Sería una cantidad decreciente que al comienzo ascendería a unos 3.000 millones de euros (el proyecto de Presupuestos Generales estima que al final de 2015 el Fondo de Reserva contaría con 35.000 millones de euros).
Por supuesto que, dentro de este mismo marco, es posible imaginar muchas otras alternativas (por ejemplo, crear tres o cuatro tramos de cotización en lugar de solo dos). Además, la rebaja podría aplicarse de forma gradual. También podría plantearse una reducción de las cotizaciones más agresiva si se contara con otras fuentes de ingresos.
No se trata de una novedad. Austria, Francia y Holanda, entre otros, han recortado las contribuciones de los empleadores para facilitar el empleo de jóvenes y de quienes cuenten con una menor capacitación. En Dinamarca, las mismas fueron abolidas, lo que se compensó con un aumento de 3 puntos en el IVA (hasta el 25%). En Alemania, una reducción de las cotizaciones de los empleadores también se financió elevando el IVA desde el 16% hasta el 19%.
Lo relevante es que con una rebaja de las cotizaciones sociales enfocada en los menores salarios resulta posible acelerar la reducción del paro sin incrementar el déficit fiscal y aumentando la competitividad de la economía. Si esa rebaja se compensara principalmente con la reducción del gasto público, el impacto final sería más favorable (más empleo, inversión y actividad) que si se hiciera incrementando otros impuestos.
