Ha habido muchas reestructuraciones de deuda pública. Por ejemplo, en los años ’90 y posteriores tenemos los casos de Rusia, Ecuador,Ucrania, Pakistán y Argentina. En todos ellos, la reestructuración se produjo tras una cesación de pagos y en medio de una grave crisis económica, política y social. También está el caso de Grecia, donde la ayuda financiera de la UE evitó la cesación de pagos pero no la crisis.
La reestructuración de la deuda pública no es gratis. Los inversores y las agencias de calificación de riesgos evalúan la “capacidad” de pago y la “voluntad” de pago. Incumplir los compromisos asumidos implica una falta de “voluntad” de pago que daña la reputación del país. Ese daño se traduce en que, después de una cesación de pagos y una reestructuración de la deuda, el mercado exige tipos de interés más altos para compensar el mayor riesgo que supone la “mala fama” como pagador.
Esto no es solo teoría. Mientras Finlandia, Alemania, Bélgica, Francia o Alemania pagan en este momento tipos de interés inferiores al 1% en sus bonos soberanos a 10 años, a Grecia se le exige un 8,6%. Mientras Estados Unidos (donde ni en tiempos de guerra se tuvo la idea de reestructurar su deuda pública) paga poco más del 2%, a Rusia se le exige más del 6%, a Ecuador el 9%, a Pakistán el 12% y a Ucrania el 19%. Después de protagonizar la cesación de pagos más grande de la historia, en 2001, Argentina no ha podido volver a financiarse en los mercados internacionales. Eso provoca escasez de dólares que dificulta la importación de mercancías esenciales y somete a sus ciudadanos a restricciones impensables en España (límites a la compra de dólares y un impuesto del 35% a todos los pagos al exterior con tarjetas de crédito).
El conjunto de las Administraciones Públicas de España tiene una deuda pública de más de 1 billón de euros, que equivale prácticamente al 100% del PIB. El gasto anual en intereses ronda los 36.000 millones de euros. Es evidente que todo sería más fácil si la deuda y la carga de intereses fuesen más bajas. Pero es simplemente falso decir que España está “asfixiada” por el pago de esos intereses. El gasto público total de las AA.PP. será en 2014 de 465.000 millones de euros. Los intereses de la deuda son solo el 7,7% del gasto total.
Si la intención es reducir la deuda pública y el pago de intereses, podrían venderse Loterías y Apuestas del Estado, Aena, el grupo Correos, el 20% de Red Eléctrica, el 5% de Enagás, el 60% de Bankia y muchos otros activos que tiene el Estado nacional, con lo que podrían reunirse no menos de 50.000 millones de euros para amortizar deuda.
Plantear la reestructuración de la deuda pública española en el mismo momento en que sus títulos alcanzan en el mercado su menor tipo de interés de la historia es una broma sin gracia. El Tesoro Público tiene en su mano la posibilidad de emitir nuevos títulos a un interés menor, para amortizar anticipadamente títulos antiguos que pagan un interés más alto (en la medida que así lo permitan las condiciones de emisión).
Finalmente, un aspecto que parecen olvidar quienes proponen reestructurar la deuda pública es que los principales acreedores … ¡somos los propios españoles! En efecto, casi un 60% de la deuda pública pertenece a residentes en España. Más allá de las tenencias de los bancos (290.000 millones de euros), los ciudadanos tenemos, a través de fondos de inversión y planes de pensiones, casi 135.000 millones de euros en bonos del Tesoro. Además, tenemos cerca de 40.000 millones en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más lo que algunos ahorradores compran directamente en la web del Tesoro (por cierto, un servicio que funciona estupendamente bien).
En suma, la idea de reestructurar la deuda pública de España es innecesaria, inoportuna e inconveniente. Y supondría para nuestro país una mancha de “mal pagador” con la que tendrían que cargar las futuras generaciones.
Publicado por Diego Barceló Larran en Invertia.com el 12/12/2014
