El Programa de Estabilidad es un documento que todos los años elaboran los países miembros de la Eurozona. En el último, enviado a Bruselas hace pocas semanas, el Gobierno presenta sus planes para reducir el déficit fiscal del conjunto de las Administraciones Públicas.
El objetivo de déficit público para 2014 es de 5,5% del PIB (1,1 puntos porcentuales menos que el año pasado). La meta pasa a 4,2% del PIB en 2015, a 2,8% en 2016 y a 1,1% en 2017. El plan para 2014 es factible. La meta para 2015 también lo es, aunque se cuente con ingresos aún inciertos. En cambio, los objetivos para 2016 y 2017 dependen de proyecciones demasiado optimistas, por lo que no deberían descartarse nuevas medidas (de ingresos y/o gastos).
Cuando se analizan las previsiones del Gobierno como porcentaje del PIB queda la impresión de que la reducción del déficit fiscal se haría fundamentalmente mediante la reducción de los gastos. En efecto, tras aumentar en 2014 por tercer año consecutivo, desde 2015 en adelante los ingresos públicos permanecerían estables en cerca del 39% del PIB. Los gastos (sin contar el pago de intereses de la deuda pública) caerían todos los años, desde un 40,5% del PIB en 2014 hasta 36,3% en 2017. Los intereses de la deuda crecerían linealmente a razón de una décima por año, pasando de 3,5% del PIB en 2014 hasta 3,8% en 2017.
Sin embargo, cuando se traducen esas previsiones a millones de euros, la impresión de austeridad que transmitían los porcentajes anteriores se esfuma. Desde esta perspectiva se advierte que la reducción del desequilibrio fiscal se haría por la subida de los ingresos y no por recortes de gasto.
Mientras el gasto público (antes del pago de intereses) se mantendría constante en torno a 420.000 millones de euros por año entre 2014 y 2017, los ingresos públicos crecerían en casi 50.000 millones (+12%).
Es cierto que hay varias medidas para recortar el gasto público. Por ejemplo, la nueva fórmula de actualización de las pensiones (por las que aumentarán 0,25% por año al menos hasta 2017), la reforma de la Administración Local (eliminación de duplicidades, control de costes, etc.) y el control del gasto farmacéutico.
Lo que ocurre es que esos ahorros serán totalmente compensados por el aumento en el pago de intereses de la deuda, el crecimiento en el número de pensionistas (una derivación del paulatino envejecimiento de la población) y, en menor medida, por el incremento del gasto en obras públicas.
Las previsiones de ingresos también incluyen nuevas medidas y el impacto de otras adoptadas anteriormente. Para este año sobresalen las subidas del Impuesto de Sociedades (por la supresión de la deducibilidad de las pérdidas en entidades participadas) y de las cotizaciones sociales (por la ampliación de las bases de cotización).
La reforma tributaria reducirá el IRPF y el Impuesto de Sociedades a partir del año próximo. Esas reducciones serán en gran parte compensadas por nuevos impuestos “verdes”, una mayor recaudación de cotizaciones sociales y varias medidas tributarias por parte de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Además, el Gobierno incluye, ya desde el año próximo, unos 500 millones de euros anuales por un nuevo Impuesto a las Transacciones Financieras.
Las medidas de ingresos explican solo una cuarta parte del aumento total de los mismos que el gobierno espera. El resto surge del crecimiento del PIB (creación de empleo, que aumenta la recaudación de las cotizaciones sociales) y del cambio de su composición (un creciente peso del consumo y de las importaciones, que pagan IVA).
Por lo tanto, suponiendo que todas las medidas de ingresos y ahorro tengan el fruto previsto, la reducción del déficit público dependería decisivamente de las previsiones de crecimiento e inflación. Esas previsiones para este año y el próximo son razonables. A partir de allí tienen un sesgo demasiado optimista.
Un menor crecimiento de la actividad económica supondría menores ingresos fiscales. Una subida más rápida de los tipos de interés conllevaría mayores gastos. Ante cualquiera de ambos eventos (mucho más si ambos ocurren simultáneamente), los objetivos de déficit fiscal no podrían cumplirse si no se adoptaran nuevas medidas.
La reducción del déficit público exigirá al Gobierno esfuerzo y compromiso permanentes. Para las empresas e inversores será una permanente amenaza que habrá que ir siguiendo de cerca. Mucho más si el Gobierno que se elija a finales de 2015 optara por una estrategia fiscal más laxa.
