La deuda del conjunto de administraciones públicas alcanzó en marzo pasado a 990.000 millones de euros, tras duplicarse en los últimos cinco años.
La deuda pública equivale al 97% del PIB, diez puntos porcentuales por encima de la media de la UE. Entre los 28 países que componen la Unión, España es el séptimo más endeudado, superando a Francia (94% del PIB), Reino Unido (90%), Alemania (80%), Finlandia (60%) o Suecia (40%). Estos porcentajes se han alcanzado a pesar de que, con la firma del Tratado de Maastricht, España y los demás miembros del euro se comprometieron a no superar el límite del 60%.
Téngase en cuenta que en 2007 la deuda pública equivalía al 36% del PIB, más de 20 puntos menos que el promedio comunitario. Ese año, entre los mayores países de la UE, España era el menos endeudado.
El crecimiento de la deuda pública se explica por algunos hechos extraordinarios (el Plan de Pago a Proveedores la hizo crecer en unos 42.000 millones de euros y el rescate a las cajas de ahorro lo hizo en un importe similar) pero, fundamentalmente, se debe al déficit fiscal: en los últimos cinco años, las AA.PP. gastaron 450.000 millones de euros más de lo que ingresaron (¡a pesar de lo cual hay quien habla de “austericidio”!).
Las previsiones oficiales anticipan que las cuentas públicas seguirán en déficit al menos hasta 2017, por lo que la deuda pública continuará aumentando.
El plan del Gobierno es que la gradual reducción del déficit público junto con el crecimiento de la economía estabilicen la deuda pública en torno al 100% del PIB en 2015-2016, para luego iniciar un suave descenso. Pero, ¿y si las previsiones no se cumplen? ¿Y si los tipos de interés aumentan más deprisa de lo esperado? ¿Y si algún imponderable debilita la economía europea o global?
El Gobierno nacional dispone de muchos activos que se podrían vender. Por ejemplo, posee Loterías y Apuestas del Estado, AENA y el grupo Correos, así como también empresas más pequeñas. Además, dispone del 5% de Enagás, del 20% de Red Eléctrica, del 10% de Ebro Foods y del 60,5% de Bankia.
No es fácil estimar el valor de todos esos activos (su valuación dependería, por ejemplo, de si cada una se vendiera de una vez o en partes). Sin embargo, tomando las cotizaciones actuales (en el caso de las cotizadas) y los datos de beneficios anuales, no parece descabellado que se puedan superar los 50.000 millones de euros. Un valor similar al déficit fiscal previsto para el año en curso.
Si el Gobierno iniciara un programa de privatizaciones con el objetivo deliberado de amortizar deuda pública (podría exigirse el pago en títulos públicos, para aumentar su demanda y mejorar más sus cotizaciones), podría mantenerse durante casi un año en sus niveles actuales. Como al mismo tiempo se ahorraría en el pago de intereses, el déficit fiscal podría reducirse más deprisa. Con la venta de activos el Estado dejaría de percibir dividendos, pero eso podría compensarse por un aumento de la recaudación tributaria. Eso sería así por la mayor actividad económica derivada del incremento de la inversión (que harían quienes compren las empresas) y de la menor prima de riesgo asociada a un menor endeudamiento.
Un plan como el propuesto permitiría ganar al menos seis años respecto de la estrategia oficial (con la cual la deuda pública no retornaría al 97% del PIB antes de 2020). Mucho más si las Comunidades Autónomas iniciaran ellas mismas un proceso de privatizaciones. La espectacular caída de la prima de riesgo, desde 700 puntos base hace dos años hasta unos 150 p.b. ahora, parece hacer olvidar lo obvio: que la deuda pública constituye una amenaza latente para la economía española, que es mejor atender antes de que sea demasiado tarde.
