Pocas semanas atrás el Ministerio de Hacienda presentó el informe sobre las “balanzas fiscales” (estrictamente, ‘Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas’). El objetivo del trabajo es estimar el impacto de la actuación de las administraciones públicas sobre cada comunidad autónoma.
Como parte de ese trabajo, en el mismo se detalla el conjunto de ingresos públicos (impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros). Entre ellos se cuentan 18.000 millones de euros correspondientes al Impuesto sobre Sociedades (IS). Al mismo tiempo, se clasifica el gasto público de todas las AA.PP. en cinco grupos. Uno de ellos es el referido a la “Regulación y promoción económica”, que absorbe 17.500 millones de euros.
Entre los gastos de “promoción” económica se incluyen, por ejemplo, las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social para determinadas contrataciones, acciones de formación para ocupados y parados, otras actuaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, subvenciones a los préstamos del ICO, ayudas europeas a la producción agrícola y todo tipo de ayudas a empresas, tanto estatales como autonómicas.
En vista de los (magros) resultados que se obtienen de esos gastos en “promoción” económica y dada la semejanza entre ambas cifras, ¿no sería mejor suprimir todo ese gasto y al mismo tiempo eliminar el Impuesto sobre Sociedades?
La pregunta es en parte teórica pues, por caso, las ayudas derivadas de la Política Agraria Común son una cuestión europea y tampoco tendría sentido renunciar a las mismas. Además, hay gastos que no pueden suprimirse de la noche a la mañana, como las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, el fondo de la cuestión no cambia: reducir el IS en la misma medida en que puedan recortarse las ayudas a las empresas debería tener un impacto mucho más positivo para la economía en su conjunto (es decir, para empresarios, asalariados y, en especial, parados).
Reducir el tipo general del IS hace que, automáticamente, más proyectos de inversión sean rentables. Además, haría que España resultara más atractiva a la inversión extranjera. Esos dos motivos convergirían para que el impacto positivo de una rebaja del IS compensara el efecto negativo del gasto público que se suprimiría. El círculo virtuoso se cerraría con la mayor recaudación tributaria (menor déficit fiscal) que crearía el aumento de la actividad económica y el empleo.
¿Cuánto podría reducirse el tipo general del IS? Es una decisión política, del mismo modo que lo es cuánto se recortarían los gastos en “promoción” de la economía. Como referencia, aproximadamente, cada punto del tipo general del IS supone una recaudación de cerca de 700 millones de euros, que es el volumen de gasto que debería suprimirse. Por ejemplo, una vez aplicadas las rebajas recién anunciadas del IS (del 30% al 28% en 2015 y al 25% en 2016), podría reducirse de forma adicional a razón de un punto porcentual por año hasta dejarlo en no más del 20%. Téngase en cuenta que el tipo nominal promedio del IS en la UE es de casi el 23%, donde nueve países tienen uno inferior al 20%. Un tipo del 20% haría de España el país con menor IS nominal entre los grandes países de la UE (Reino Unido sería el siguiente, con 21%; Francia, con 38%, tiene el tipo más alto).
Más allá de cifras y porcentajes, lo relevante es que sería posible “cuadrar el círculo”: aumentar la competitividad, la actividad y el empleo, y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal sin tocar ni un euro del gasto en pensiones, prestación por desempleo, salud y educación. Un empujón de prosperidad al alcance de la mano.
