Aunque popularmente se llame “rescate bancario”, en realidad habría que hablar de “rescate de las cajas de ahorro”. Ninguna de las entidades que recibieron ayudas públicas eran bancos (Banco Gallego pertenecía a NovaCaixa Galicia y el Banco de Valencia a Bancaja).
Las ayudas públicas se concretaron de cinco formas diferentes: 1) ayudas para recapitalizar entidades; 2) aportaciones para la recompra de participaciones preferentes; 3) avales; 4) créditos para liquidez, y 5) una aportación al capital de la SAREB (“banco malo”).
Vayamos de lo simple a lo complejo. Los créditos para dar liquidez sumaron 16.300 millones de euros, que fueron devueltos en su totalidad. La aportación al capital de la SAREB (2.192 millones) se recuperará cuando la misma concluya su cometido, no más tarde de 2027. Recordemos que el 55% de su capital es privado y que se trata de una empresa con un fin de lucro.
Por otra parte, hubo una ayuda de 1.803 millones de euros para “rescatar” a los inversores minoristas que habían comprado participaciones preferentes de NovaCaixaGalicia (NCG) y CaixaCatalunya (CX). Es decir que esta parte del “rescate” no fue destinada a las entidades sino a los ahorradores.
En cuanto a los avales, se entregaron por valor de 103.436 millones de euros, de los cuales el 70% ya se ha recuperado. Téngase en cuenta que el Estado percibe una comisión por los avales entregados.
Por último quedan 61.495 millones utilizados para la recapitalización de entidades, que es la parte sustancial del “rescate” (para la cual se pidieron 38.900 millones de euros a la UE). El 70% de estas ayudas fueron recibidas por Bankia, NCG y CX. La pregunta que más interesa al ciudadano medio es cuánto se va a recuperar de estas ayudas.
En primer lugar hay que tener en cuenta que 7.942 millones de euros de las ayudas a la recapitalización lo aportaron las entidades (bancos y cajas) a través del Fondo de Garantía de Depósitos (éste se nutre de las aportaciones anuales que hacen las entidades adheridas). Por lo tanto, son 53.553 millones de euros los aportados por el Estado.
Con la venta del 7,5% de las acciones de Bankia, la venta de NCG y el dinero que devolvió Caixabank tras la compra de Banca Cívica, el Estado ya recuperó 3.188 millones. El Estado tiene, a través del FROB, la propiedad del 60,5% de Bankia, del 65% de Banco Mare Nostrum y del 66% de CX. Su venta permitirá recuperar más dinero. La más importante es, por lejos, la participación en Bankia, que a precios actuales está valorada en unos 10.500 millones de euros.
Incluyendo las pérdidas de los EPA (Esquemas de Protección de Activos, por los cuales el FROB se hace cargo, hasta un tope, de pérdidas en la cartera de créditos de entidades privatizadas, como la CAM), el dinero público no recuperable rondaría los 40.000 millones de euros.
Aunque desde un punto de vista ciudadano es una cantidad de dinero gigantesca, no lo es tanto cuando se la compara con el coste de otras crisis bancarias. Dentro de la dificultad para realizar esta comparación, puede decirse que el coste, que en España rondaría el 4% del PIB, resultó mucho menor que en las crisis bancarias de Chile (1985), Finlandia (1991), Suecia (1992), Venezuela (1994) y México (1997), entre otras. En igual sentido, téngase en cuenta que los desequilibrios fiscales acumulados entre 2009 y 2013 sumaron 450.000 millones de euros. Al mismo tiempo, la deuda pública creció en casi 525.000 millones. Es decir que la parte no recuperable del “rescate” equivaldría a menos del 10% de cualquiera de esas dos magnitudes.
El “rescate” permitió el mantenimiento de unos 63.000 puestos de trabajo en las cajas rescatadas. Eso supone un ahorro en el pago de prestaciones por desempleo y una recaudación de cotizaciones sociales, IRPF e IVA que puede estimarse en torno a 1.200 millones de euros anuales que podrían deducirse del coste total.
Prefiero la menor intervención posible del Estado en cuestiones económicas. Comprendo la irritación ciudadana que despierta el “rescate”. Aún así, debe admitirse que el mismo ha tenido un coste “razonable”, que ha contribuido a amortiguar los efectos de la crisis y que está permitiendo sentar las bases de un sistema financiero español más sólido, solvente y eficiente. No es poca cosa.
