Tiempo atrás el Banco de España sugirió la posibilidad de permitir contratos, temporalmente, con remuneraciones inferiores al salario mínimo de 645 euros. La reacción, en general, fue negativa. Sin embargo, no se ha desmontado su argumento de fondo: que el nivel del salario mínimo podría estar trabando la creación de empleo. No se propuso ningún disparate: países como Alemania, Suiza, Suecia o Dinamarca son algunos de los que no tienen un salario mínimo. No parecen países en los que se viva mal.
Si el precio mínimo de los tomates fuese de 10 euros por kilo, seguro que se venderían menos tomates. Si el litro de cerveza tuviera un precio mínimo de 15 euros, también se vendería menos que ahora. Algo similar ocurre con el trabajo. Al tener un precio mínimo de venta (el salario mínimo), se “vende” menos trabajo: hay menos ocupados de los que podría emplear la economía.
Fijar un salario mínimo es difícil. En primer lugar, no hay un único mercado de trabajo, sino muchos (diferentes ocupaciones, sectores, regiones, tamaños de empresa, etc.). Además, como la economía toda, el mercado de trabajo es dinámico, y lo que ahora es válido puede no serlo dentro de tres meses. Cuando se establece un salario mínimo, ocurre una de las siguientes dos cosas: la más habitual, la que apunta el Banco de España, es que el salario mínimo se establezca por encima de lo que determinaría un mercado de trabajo libre, generando desempleo; la otra posibilidad es que se fije por debajo del nivel de mercado, con lo que sería inocuo.
El salario promedio varía mucho en las diferentes autonomías, desde casi 2.000 euros mensuales en el País Vasco, hasta menos de 1.400 en Extremadura e Islas Canarias. El salario mínimo, al ser igual en toda España, es en proporción más caro en las autonomías más pobres. En el País Vasco supone el 33% del salario medio, pero en las dos comunidades con menores salarios equivale a más del 46%. Lógicamente, el desempleo es más alto a medida que el salario mínimo supone una mayor parte de la remuneración media. Por supuesto, la relación no es exacta porque en la tasa de paro también inciden otros factores (tejido empresarial, capacitación de la mano de obra, etc.). Pero parece claro que el salario mínimo juega algún papel en la mayor desocupación que unas autonomías tienen en comparación con otras.
Dado lo anterior, lo razonable sería eliminar el salario mínimo. No obstante, es difícil que ningún Gobierno se atreva a dar ese paso. Sin embargo, hay alternativas para minimizar sus efectos negativos.
Una sería crear un salario mínimo para jóvenes, como ya hubo en España hasta 1990, por ejemplo de 400 o 450 euros. Otra sería fijar el salario mínimo en el 33% del salario medio de cada autonomía, lo que implicaría generalizar la relación que hay en el País Vasco entre ambas magnitudes. De ese modo, el salario mínimo se adaptaría a las condiciones de cada mercado laboral, quedaría fuera del debate político y podría ajustarse trimestralmente.
Habrá quien diga que esta propuesta supone un “retroceso” o incluso un “ataque” a los derechos de los trabajadores. No puede, sin embargo, olvidarse el contexto dramático en que se hace la misma: una tasa de paro del 27%, que llega al 57% en el caso de los menores de 25 años. Hay seis millones de parados de los cuales la mitad no perciben ayuda ni subsidio alguno. Tres millones y medio de personas buscan empleo desde hace más de un año. Diez millones de españoles viven con ingresos inferiores a 500 euros mensuales.
Imaginemos, no obstante, que no hay nadie, ni siquiera los parados sin prestación, dispuesto a trabajar por menos de 645 euros por mes. ¿Cuál sería el resultado de llevar a la práctica esta propuesta? Simplemente, ninguno.
Me gustaría que los salarios fuesen muy altos y que hubiera pleno empleo. Pero esos objetivos no dependen del capricho de nadie sino del estado de la economía, que a su vez es la consecuencia de las decisiones tomadas a lo largo de años. Nadie imagina ni sugiere que se pueda hacer un proyecto de vida con 400 euros mensuales. Pero la realidad es que hay muchos que se ven obligados a seguir adelante sin salario alguno. Como mínimo, los 400.000 jóvenes de menos de 29 años que nunca han trabajado y buscan empleo en España serían los primeros beneficiados de la eliminación del salario mínimo. Podrían acceder a un empleo con una remuneración pequeña, pero habrían entrado al mercado laboral, aliviarían la penuria económica de sus familias y estarían ganando experiencia (cobrando en especie), lo que les permitiría tener un salario mayor en el futuro.
Publicado por Diego Barceló Larran en Cataluña Económica, el 16/7/2013
