Los mercados se adaptan a los cambios en el contexto económico con variaciones de los precios y/o de las cantidades. En el caso particular del mercado de trabajo, eso significa que el ajuste se realiza mediante cambios en el salario (precio) y/o en el número de ocupados (cantidades).
Entre 2008 y 2012, utilizando los datos medios anuales, el PIB tuvo una contracción del 5%. A ese retroceso de la actividad económica, el mercado laboral español respondió con un pequeño ajuste del salario y una fuerte caída en la ocupación. En términos concretos, el salario real (es decir, el salario nominal descontando la inflación de precios al consumo), se redujo 2,3%. Al mismo tiempo, se eliminaron prácticamente tres millones de puestos de trabajo o el 14,7% del total. En otras palabras, casi una de cada siete personas ocupadas perdió su empleo.
Esto nos muestra las distintas caras que puede ofrecer un mismo fenómeno económico según cuál sea el ángulo desde el que se mire. El mantenimiento del poder adquisitivo del salario, aunque podría resultar deseable (desde una perspectiva individual, sin ninguna duda), obligó a que el ajuste de las cantidades fuera mucho más drástico. Puede estimarse que, si los salarios hubiesen descendido, en promedio, 10% en lugar de 2,3%, la destrucción de empleo habría sido la mitad de la que fue. Eso implica que ahora estarían trabajando 1,5 millones de personas más y que la tasa de desempleo sería de cerca del 19%, con poco más de 4 millones de parados.
Mantener el poder de compra del salario tuvo, en consecuencia, un gran coste social. Algo que contradice al sentido común, pero que resulta totalmente cierto. Por un lado, se destruyó más empleo del que hubiera sido necesario, aumentando innecesariamente, por ejemplo, la morosidad bancaria. Además, el Estado vio aumentado su déficit fiscal (por la menor recaudación y el mayor pago de prestaciones por desempleo). Aunque podría decirse que la conservación del poder de compra del salario evitó una contracción de la demanda aún más marcada, la verdad es la opuesta. No sólo los parados que podrían estar trabajando consumirían más sino que los demás ocupados, aunque ganaran algo menos que ahora, podrían haberse evitado (al menos una parte) el aumento de impuestos y tendrían una menor necesidad de ahorrar por motivos de precaución. Más importante, la economía en su conjunto sería más competitiva, con lo que las exportaciones y el nivel general de actividad económica tenderían a ser más altos que ahora. El déficit exterior se habría eliminado antes, contribuyendo a anticipar la recuperación de la economía.
Lo anterior no debe entenderse como un alegato a favor del recorte de los salarios. Más bien, lo que intento mostrar es que lo más conveniente, tanto en términos sociales como económicos, es la determinación de los salarios por el libre acuerdo del empleador y sus empleados, atendiendo a la realidad de cada empresa. De esa forma, los salarios subirán o bajarán, minimizando los costes que supone mantener un nivel de remuneraciones que no se corresponde con la realidad económica. Un alegato a favor de que el realismo impere en la economía, para beneficio de todos.
Publicado por Diego Barceló Larran en Cataluña Económica, el 31/5/2013
