PGE 2021: un proyecto regresivo que perjudica a todos

Comentando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado recién presentado por el gobierno, varios economistas me dijeron: “están locos”. No estoy de acuerdo. Este proyecto es una confluencia, perfectamente racional, de demagogia, irresponsabilidad, keynesianismo rancio y una agenda antisistema.

El proyecto se presenta como algo histórico, con el mayor “gasto social” jamás registrado. El gobierno va a “transformar”, “reactivar” y “reforzar” la economía y los servicios sociales, al mismo tiempo que hace “justicia” y beneficia a 17 millones de personas (tal la suma de los supuestos beneficiarios de las diferentes medidas). Todo, pagado por 36.200 contribuyentes del IRPF (0,17% del total), 1.700 grandes empresas (0,12% del total) y la siempre presente “lucha contra el fraude”.

La verdad es bien distinta: todo el que tenga un seguro (vida, incendio, coches, etc.), pagará más, porque sube el impuesto que grava las pólizas. Todo el que beba refrescos (edulcorados o con azúcar), pagará más, porque su IVA pasa de 10% a 21%. Todo el que tenga un coche diésel, pagará más, porque aumenta el impuesto que grava dicho combustible. Todo el que aportaba a un plan de pensiones, pagará más, porque se limita esa deducción. Todo el que compre algo envasado en plástico, pagará más, porque se crea un impuesto específico para envases de ese material. La recaudación prevista por esos impuestos suma 2.500 millones de euros. Así, de mano, cada trabajador, mileuristas y en ERTE incluidos, pagará, de media, 130 euros anuales más por este proyecto. Todos estos colectivos perjudicados suman más que los 17 millones de personas que el gobierno dice que va a beneficiar.

Además, hay aumentos de impuestos específicos para “ricos” (2 puntos más de IRPF para los que cobren más de 300.000 euros, 3 puntos más para rentas de capital superiores a 200.000 euros, etc.), sube el Impuesto sobre Sociedades (ahora a las grandes empresas, dentro de tres años también a las Pymes) y se hace permanente el Impuesto sobre el Patrimonio (su subida efectiva dependerá de cada autonomía).

Es un proyecto que hace menos rentable invertir en España, por lo que debilita el crecimiento potencial de la economía y lastra su capacidad de creación de empleo. Aunque hubiera alguien que se librara de pagar más impuestos, lo pagará indirectamente a través de menores oportunidades de empleo y prosperidad general. De aprobarse, estos PGE garantizan un paro estructuralmente más elevado, por lo que, conscientemente, se avanza en la construcción de una sociedad cada vez más intervenida y dependiente del gobierno.

El proyecto incluye un ataque al Jefe del Estado. Estos PGE prevén incrementos cuantiosos en todas las partidas excepto una: la asignación a la Casa Real, que permanece congelada en 8 millones euros desde 2013. No digo que haya que subir esa asignación; destaco el afán insultante de la congelación de esa partida.

Los riesgos macroeconómicos se disparan. El déficit fiscal del bienio 2020-2021 sumará 22 puntos porcentuales, el más grande desde la depresión de 1896. La deuda pública alcanzará su mayor nivel en 120 años, corriéndose el riesgo de que se salga de control. En pocos meses eso derivará en un choque con la Unión Europea, que exigirá medidas para corregir ambos excesos.

Calificar de “expansivos” estos PGE es un grave error. Toda la actividad que inicialmente provoque el aumento masivo del gasto público, se más que compensará con la menor inversión, la menor eficiencia y los mayores riesgos que el mismo proyecto supone. Mucho más si tenemos en cuenta que su daño va más allá de lo económico. Es un proyecto liberticida que pretende avasallar a la sociedad, confiscándole una porción creciente del fruto de su trabajo, minando el derecho de propiedad, limitando las oportunidades de ascenso social y creando enormes bolsas de sectores dependientes, con el fin de tener su voto cautivo. No es casual que mientras el sector privado ha perdido 806.000 empleos en los últimos doce meses, el empleo público haya alcanzado un nuevo máximo histórico.

Puede que el ala socialista del gobierno se contente con potenciales réditos electorales y confíe en poder controlar a su socio bolivariano. Están en un error: estos PGE muestran que quien impone su agenda es el grupo antisistema. Los que deseamos vivir en un país próspero y en libertad para todos, solo podemos desear que este proyecto regresivo sea rechazado por el Congreso. @diebarcelo

 

Publicado en Expansión (papel), el 29/10/2020