¿Qué es un salario “digno”?

Es habitual escuchar a dirigentes políticos y sindicales hablar de la necesidad de salarios “dignos”. Nunca aclaran qué quieren decir con ello. Si nos atenemos al diccionario de la Real Academia, la quinta acepción del término “digno” es algo “que puede aceptarse sin desdoro”, es decir, sin menoscabo en la reputación o prestigio.

Casi 6,2 millones de asalariados (más de la mitad del total) tienen sus salarios regulados por un convenio colectivo. Es impensable que los dirigentes sindicales que firmaron tales convenios aceptaran condiciones que menoscabaran la reputación de sus representados. Por lo tanto, debe deducirse que esos salarios son “dignos”. En cuanto al resto de asalariados (5,8 millones), no es fácil estimar cuántos se ven obligados a aceptar un salario que menoscabe su reputación.

Dos personas que realizan la misma tarea y cobran el mismo salario pueden tener una opinión diferente sobre la “dignidad” de su remuneración, cosa que dependerá a su vez de la idea que tengan de su propia reputación. La “dignidad” de un salario no depende entonces de su cuantía, sino que es una idea subjetiva.

Por eso, en lugar de tener como objetivo la consecución de salarios “dignos” es más práctico pensar en salarios “altos”. Lograr los salarios más altos posibles sí es una meta clara y mayoritariamente compartida por la sociedad. La pregunta relevante es cómo puede alcanzarse ese objetivo.

Desde que el mundo es mundo los salarios solo pueden subir de modo sostenido si al mismo tiempo crece la productividad de los asalariados. Es decir, si aumenta el volumen de producción medio de cada uno de ellos. Dicho de otro modo, los salarios no pueden crecer sostenidamente mediante decretos gubernamentales, ni por medio de protestas más o menos fuertes, ni tampoco por la benevolencia de los empleadores.

Tampoco es una idea tan extraña. Si un trabajador fabrica 50 bicicletas en un mes, su salario no podrá exceder el valor de esas bicicletas. Si, por ejemplo, la utilización de nuevas herramientas permite aumentar su producción a 55 bicicletas, entonces su salario podrá incrementarse. Pero si se obligara al empresario a pagar un salario mayor sin que antes creciera la producción, las consecuencias serían negativas para todos. Incluso para el asalariado.

Por ejemplo, la empresa dejaría de invertir por no obtener una rentabilidad adecuada y acabaría siendo desplazada del mercado, por lo que sus puestos de trabajo terminarían siendo eliminados. Cuanto mayor sea la desconexión entre salarios y productividad, más dañina resulta y menos tardan en verse las consecuencias negativas de un aumento artificial de las remuneraciones.

Es cierto que en el corto plazo hay muchas otras variables que inciden en el nivel de los salarios (cambios en los impuestos, en el paro, flujos migratorios, etc.). Tampoco es igual el mercado en el que se determina la remuneración de los camareros que el de los neurocirujanos. Y tampoco es lo mismo un neurocirujano con experiencia que uno que acaba de comenzar a trabajar. Pero la variable esencial es siempre la misma: lo que se podrá pagar a cada uno dependerá de cuánto produzca.

De lo anterior yo extraería dos conclusiones principales. La primera es que no hay ningún conflicto entre empleadores y asalariados. Es falso que la supuesta riqueza de unos sea la pobreza de los otros. Por el contrario, lo inteligente es la cooperación entre ambos, pues a los dos les interesa aumentar la producción, invertir en nuevos procesos y productos, y tener clientes satisfechos. La segunda es que quienes prometen salarios “dignos” sin decir al mismo tiempo cómo piensan incrementar la productividad de la economía están, tal vez sin saberlo, prometiendo pan para hoy y hambre para mañana.

 

Publicado en Libertad Digital/Libre Mercado el 17-03-2016