Déficit fiscal 2015: separar la paja del trigo

El déficit fiscal de las Administraciones Públicas en 2015 equivalió a 5% del PIB. Eso supera en 8 décimas el límite acordado con Bruselas. Con todo, el déficit disminuyó respecto a 2014 (5,8%). Aunque el desequilibrio sigue siendo enorme, fue su sexto descenso anual consecutivo. El resultado de 2015 es menos de la mitad que el 11% de 2009.

La metodología para elaborar las cuentas públicas (la misma en todos los países de la UE) es compleja. Por ejemplo, se utiliza el concepto de “devengado”. Eso significa que los ingresos (gastos) no se computan cuando se cobran (pagan) sino cuando se origina el derecho (obligación). Eso no siempre es fácil de determinar, por lo que suele haber “ajustes” y cambios de criterio.

Para entender el estado de las cuentas públicas es necesario saber que:

En 2015 hubo rebajas de impuestos (IRPF, IS), pero también aumentos (IVA productos sanitarios) y creación de otros (gases fluorados, canon utilización del agua); el saldo neto de esos cambios normativos fue una menor recaudación de 4.870 millones de euros;

Cambió el criterio de imputación de inversiones público-privadas hechas en años anteriores (aumentó el gasto contable en 2.030 millones) y hubo gastos extraordinarios (1.090 millones por Hepatitis C y 1.920 millones por la devolución parcial a funcionarios de la paga extra quitada en 2012);

El tipo de interés que paga el Tesoro por su deuda bajó al mínimo histórico de 3,1% (de haberse mantenido igual que en 2014 se habrían gastado 3.800 millones más).

El efecto neto de esos tres factores es negativo en 6.110 millones de euros. Si no hubiese habido cambios en los impuestos, ni en los tipos de interés, ni en los criterios contables, ni gastos extraordinarios, el déficit habría sido 6.110 millones menor. El mismo habría equivalido a 4,4% del PIB, aún superior al tope pactado pero mucho mejor.

Lo anterior no es “hacerse trampas en el solitario”. Por caso, una cosa es que aumente el déficit público por un incremento del gasto corriente y otra muy diferente que lo haga por una rebaja de impuestos, que estimula la actividad y el empleo de modo genuino. Una cosa es que aumente el déficit por un “Plan E” y otra muy distinta que empeore el saldo contable por la imputación de un gasto ya realizado.

No sería justo poner en el mismo saco todos los niveles de gobierno. La Administración Central cumplió su límite de déficit por primera vez en cinco años y mantuvo constante su gasto no financiero (excluyendo intereses). Las Corporaciones Locales (municipios y diputaciones) tuvieron superávit por cuarto año consecutivo. La Seguridad Social excedió su límite de déficit en 2015, pero cumplió en 2013 y 2014 (además, casi no tiene control sobre su gasto –mayoritariamente prestaciones sociales-).

En cambio, las autonomías violaron el tope pactado por quinto año consecutivo. Aún descontando los gastos extraordinarios, su gasto no financiero (sin intereses) creció 3,2% y su déficit casi duplicó el límite (1,3% y 0,7%). La cosa empeora si recordamos que en 2015 las autonomías ahorraron 2.600 millones de euros por no tener que pagar intereses por el FLA y el fondo de pago a proveedores.

Tampoco es igual el caso de todas las comunidades. Galicia, País Vasco y Canarias volvieron a cumplir el límite de déficit, pero Aragón, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia lo más que triplicaron. Un caso es Andalucía, Madrid o Cantabria, donde el gasto ajustado sin intereses creció un 2%, o Asturias (+3%), pero otro distinto es el de Baleares (+10,5%), Cataluña (+6,1%) y Extremadura (+5,2%).

Con el Tratado de Maastricht y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sus modificaciones, España se comprometió a no tener un déficit fiscal mayor al 3% del PIB. Desde 2008 no cumple con su palabra y en 2016 es difícil que lo haga. No cometamos el error de creer que incumplir los compromisos no tiene consecuencias.

 

Publicado en El Comercio el 05-04-2016