Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son un proyecto de ley que está condenado a no ser del gusto de todos. Unos prefieren un mayor gasto, mientras otros desean un gasto inferior. Están quienes gustarían ver los impuestos recortados, al mismo tiempo que otros preferirían que se aumentasen. Aún entre quienes estén de acuerdo con el nivel de gasto presupuestado, los habrá que disientan con la proporción asignada a cada partida.
Los PGE incluyen una cantidad enorme de datos de la que es posible obtener casi cualquier conclusión. Según la idea que se quiera transmitir, es posible agrupar o desmenuzar los muchísimos datos disponibles del modo conveniente. Por eso se escuchan opiniones tan dispares, todas “respaldadas” por los datos.
Sin dudas, el adelanto en dos meses del calendario habitual de aprobación de los PGE tiene una (lógica) motivación política. ¿Qué gobierno no intentaría aprovechar esa herramienta? Esa motivación política ayuda a entender mejor algunas de las medidas incluidas en el proyecto de PGE. Dejando de lado sus razones políticas, quiero puntualizar tres cuestiones.
Los supuestos macroeconómicos que subyacen el proyecto de PGE tienen un sesgo optimista. Un ejemplo: los tipos de interés están en un mínimo histórico y deberán normalizarse en algún momento. El programa de compra de bonos por parte del BCE acabaría en septiembre de 2016, por lo que para ese momento podría haberse iniciado ya esa normalización. Esa normalización podría ser más brusca de lo deseado: entre marzo y junio, al calor de las negociaciones entre la Comisión Europea y Grecia, el rendimiento del bono español a 10 años se duplicó, desde 1,2% hasta 2,4%, para luego ceder hasta cerca del 2%.
En esencia, el gobierno aprovecha la previsión de menores pagos por prestaciones por desempleo (por la caída del paro; ahorro de 5.500 millones de euros) y la reducción en los intereses de la deuda (ahorro de 2.000 millones de euros), para aumentar el gasto en una medida equivalente. Toda la reducción del déficit fiscal es consecuencia de la mayor recaudación de impuestos que origina el crecimiento del PIB (a pesar de las reducciones del IRPF y del Impuesto de Sociedades).
Dado el sesgo optimista del cuadro macroeconómico y que sabemos que el gasto en pensiones seguirá en aumento por el envejecimiento de la población (en promedio, 172.000 personas mayores de 65 años más por año hasta 2030), yo hubiese sido más prudente. Es decir, habría aprovechado los ahorros antes mencionados para disminuir más rápidamente el déficit fiscal. No olvidemos que este año el conjunto de Administraciones Públicas gastará unos 45.000 millones de euros más de los que ingresen y que, en 2016, tendrá otro déficit de unos 31.000 millones.
De las muchas cuestiones que pueden hacerse respecto de partidas específicas, me pregunto si no sería mucho más rentable a largo plazo dar más recursos al Instituto Cervantes, que recibe 115 millones, que gastar 330 millones en “promoción turística”. Me pregunto si en lugar de gastar 465 millones en “promoción exterior” y 843 millones en “reconversión”, entre otras muchas “actuaciones de carácter económico”, no resultaría mucho más provechoso (para el empleo y la actividad) reducir más el Impuesto de Sociedades. Me pregunto también si en lugar de gastar 973 millones en la formación de ocupados, no sería más lógico potenciar los incentivos a la contratación (reducir las cotizaciones sociales). No he sido capaz de encontrar cuánto gasta el Estado en la investigación científica de enfermedades raras.
Pese a sus motivaciones políticas y a las puntualizaciones que se le pueden hacer, la aprobación de los PGE será positiva. Aunque la oposición lo critique, sabe que, en caso de tener que gobernar, es más fácil comenzar a gestionar un país si ya hay una guía. Rajoy lo sabe por experiencia: cuando se hizo cargo del gobierno, al descontrol fiscal y la crisis financiera tuvo que añadir la ausencia de un presupuesto. El de 2012 recién se aprobó el 29 de junio de ese año.
Publicado por Diego Barceló Larran en Invertia el 17-08-2015
